¿Quiénes pueden obtener una concesión minera?


De acuerdo con el artículo 9 del Código de Minería, toda persona física jurídica, esta última debe estar debidamente inscrita conforme con la legislación, puede obtener una concesión minera. Se exceptúa de esta posibilidad a la siguiente serie de funcionarios:

“…a) Los gobiernos o estados extranjeros, salvo lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley.

b) Los diputados a la Asamblea Legislativa.

c) Los mandatarios de otros países, directa o indirectamente.

d) El presidente de la República, los vicepresidentes, ministros, viceministros y directores generales.

e) Los alcaldes municipales y demás funcionarios políticos, en el territorio de su jurisdicción.

f) El Contralor General de la República y el Subcontralor, los procuradores, el defensor de los habitantes y el defensor adjunto, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

g) Todos los funcionarios y empleados públicos relacionados con la tramitación de derechos mineros y con el funcionamiento y la vigencia de las empresas mineras.

h) Los presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones autónomas y empresas públicas….”

Esta prohibición será extensiva a los parientes, en primer grado de consanguinidad o afinidad, de los funcionarios y empleados indicados en los incisos anteriores, así como a las personas jurídicas cuyos accionistas o personeros sean algunos de los citados funcionarios o sus parientes. Esta disposición estará vigente durante los tres años siguientes a la fecha de cese en el empleo respectivo, plazo durante el cual tampoco podrá iniciarse el trámite de solicitud de permiso o concesión. Esta prohibición no comprenderá los permisos ni las concesiones adquiridos por herencia o legado, ni los obtenidos con seis meses o más de anterioridad al nombramiento en el cargo.

El funcionario que incurra en la violación de este artículo, se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes y los reglamentos correspondientes.

Respecto al debido proceso, la administración minera del Estado procederá a declarar la nulidad del respectivo permiso o concesión, cuando compruebe la participación de las personas arriba indicadas, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las leyes y los reglamentos.”.

El artículo extiende la imposibilidad de obtener concesiones a las personas detalladas, hasta por 3 años posteriores al cese del cargo. Durante esos 3 años no pueden iniciar el procedimiento para obtener la concesión y esa prohibición es extensiva a familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad.

En caso de que se irrespete la prohibición mencionada la sanción es la nulidad de la concesión, además podrían caber más sanciones de conformidad con la ley 8422 Ley Contra La Corrupción y El Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública y el Código Penal de Costa Rica.

En el segundo párrafo del artículo 3 del Código de Minería, se establece una sanción de inhabilitación de diez años para obtener concesiones futuras a las personas físicas o jurídicas y cuando se trata de personas jurídicas están inhabilitadas quienes tienen participación en éstas.

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