Impactos negativos de la minería ilegal


Impactos negativos de la minería ilegal en diferentes ámbitos: ambiental, económico y social

 

AMBIENTAL

Según SETENA, las actividades que más afectan el ambiente son las agrícolas de tipo intensivo y extensivo como por ejemplo la piña. La minería es bastante impactante al ambiente, sin embargo, la minería ilegal, que no posee ningún tipo de control técnico es mucho más impactante para el ambiente. En este tipo de actividad ilícita no se cuenta con la participación de profesionales, es decir, la regencia técnica de un geólogo o ingeniero en minas, que vigile la metodología de extracción y procesamiento, los volúmenes racionales, el diseño de taludes en casos de canteras, la disposición de los patios de acopio, el control de suelos, entre otros aspectos; y aún menos con un regente ambiental, que vigile el acatamiento de normas mínimas de control ambiental: la disposición de los aceites quemados por la maquinaria, el estado de la maquinaria que evite derrames de combustibles, el respeto a las áreas de protección, en el caso de cauces de dominio público, el almacenamiento de hidrocarburos (aceites y diesel),etc.

mineria ilegal-3

Desde el punto de vista ambiental se debe tener sumo cuidado a partir de que inicien las labores de preparación del área para llegar a la explotación del mineral. Tanto en los planes de explotación como en el estudio de impacto ambiental se establecen etapas o fases de trabajo, por ejemplo:

Actividades básicas a contemplar en el desarrollo de una mina 1
FASE ACTIVIDAD
ETAPA DE CONSTRUCCION
  • Preparación de terrenos
  • Almacenamiento de materiales
  • Construcción e instalación de obras y equipos (quebrador; acopio de material; planta de molienda; depósitos de relaves; campamentos, caminos internos; cañerías etc.)
  • Suministro de agua
  • Generación de residuos sólidos
  • Generación de residuos líquidos
  • Transporte de materiales y personal
ETAPA DE OPERACION
  • Desarrollo de la actividad extractiva. Si es cantera, perforación y detonaciones.
  • Extracción y carguío de material
  • Transporte interno
  • Disposición de estériles en depósitos
  • Quebrado de material
  • Suministro de agua
  • Generación de residuos sólidos (industriales y domésticos).
  • Generación de residuos líquidos (industriales y domésticos).
  • Transporte de insumos, servicios y personal.
  • Producción de concentrado (en el caso de minería metálica).
  • Disposición de relaves (en el caso de minería metálica).
ETAPA DE ABANDONO (CIERRE DE LA MINA) Acondicionamiento de la infraestructura e instalaciones permanentes, específicamente el tajo (minería a cielo abierto), depósitos de estériles y relaves (minería metálica).

 

El estudio de impacto ambiental debe contemplar como mínimo aspectos tales como:

  • calidad del aire,
  • niveles de ruido y vibraciones,
  • geomorfología,
  • calidad del suelo, calidad del agua (superficial y subterránea),
  • aguas de escorrentía,
  • aguas servidas,
  • vegetación y flora terrestre (y de ser pertinente acuática),
  • fauna,
  • uso del suelo,
  • paisaje,
  • sitios arqueológicos,
  • poblaciones cercanas (actividad económica, infraestructura comunitaria, servicios comunitarios, empleo y nivel de ingresos, infraestructura vial).

Debe tenerse una propuesta del manejo ambiental que contemple:

  • plan de mitigación de impactos,
  • plan de prevención de riesgos ambientales,
  • plan de contingencia,
  • propuesta de cierre y abandono,
  • acciones para reparación y compensación.

De manera breve, se exponen los más básicos elementos que deben tomarse en cuenta para desarrollar una actividad minera sostenible y que cumpla con estándares técnicos y ambientales. Las personas físicas y jurídicas que tramiten una concesión minera deben prever esos aspectos para evitar que les suspendan o cierren y hasta cancelen la concesión.

Quien desarrolla actividad ilegal, no cumple con esos requisitos mínimos, realiza la operación generando desechos e impactando al medio ambiente, incluso hasta destruyen los sitios donde han extraído el material, afectando en forma severa la flora y la fauna, no solo hay impacto ambiental por muerte de la fauna, generalmente la alteración se da por la migración, hay deterioro de la red vial, e incluso ponen en peligro la salud de los habitantes de la zona.

La actividad minera ilegal más común (dejando de lado la minería metálica), es la extracción de materiales en los cauces de dominio público (los cauces de los ríos). A diferencia de la minería metálica donde es muy puntual el lugar del mineral o yacimiento, tratándose de agregados para la construcción estos se depositan en todos los ríos del territorio nacional, por lo que esa actividad ilegal es generalizada en el país.

En el mejor de los casos se da en forma artesanal que es la extracción de arena y piedra con pico y pala, muy común en la zona de Guanacaste, en la comunidad de Paso Tempisque y Filadelfia, el material es acarreado desde el cauce hasta la orilla por pangas o por carretas de bueyes. La mayoría de los “areneros” extraen en forma ilegal, incluso la mayoría son indocumentados que trabajan para quien comercializa el material.

En el resto el país, la explotación artesanal de agregados en los ríos es muy poca. Por lo general se trata de personas que extraen pequeñas cantidades para uso propio, utilizan medios mecánicos solo para el traslado del material al sitio de destino.

La gran mayoría de la actividad ilegal de agregados en los ríos es mecanizada utilizando back hoes, dragas, palas mecánicas y para el acarreo se utilizan vagonetas y trailetas. Esta actividad es altamente impactante, puesto que requiere mucho cuidado técnico-geológico y ambiental. Se requiere de una metodología de extracción que no impacte el piso del río, que no provoque la formación de trampas que atenten contra el cauce normal del río; si se construyen espolones debe saberse su manejo y el tiempo de permanencia en el cauce para no desviar el flujo del agua hacia una de las orillas y con ello causar daño a las propiedades aledañas. Por supuesto que también se requiere de un adecuado manejo ambiental de la zona, flora y fauna terrestre y acuática; manejo de desechos sólidos y líquidos (aceites quemados por ejemplo), incluso desechos domésticos como botellas de refresco. Bueno, todas esas precauciones técnicas y ambientales no las tienen quienes extraen en forma ilegal.

Tratándose de canteras o tajos como también se le conoce, la explotación ilegal es menor pues el riesgo de ser detectados es mucho más grande, mientras que en los ríos es más fácil evadir la presencia de autoridades. Por otra parte, la explotación en una cantera es evidente, el manejo de la misma es complejo desde el punto de vista técnico por las terrazas, caminos internos, patios de acopio, instalación de quebradores, uso de agua y electricidad, etc. Para explotar una cantera se requiere o ser el propietario del inmueble o tener permiso del mismo, lo que genera mucha incertidumbre para el ilegal.

La minería mecanizada, requiere un complejo equipo que va desde back hoe, hasta quebradores, palas, dragas, etc. Ese equipo requiere un adecuado mantenimiento para evitar derrames de combustibles, aceites, líquidos de frenos e hidráulicos dentro de un río por ejemplo o bien en una cantera, emanación de humo, incluso las llantas deben estar en buen estado para prevenir que el equipo se vuelque dentro del cauce.

ECONOMICO

Además del impacto ambiental, que ha contribuido a que la actividad minera sea muy temida y mal vista por la opinión pública, la minería ilegal implica un alto costo para el país. Tanto el sector público como el sector privado se ven afectados seriamente con el impacto negativo en el campo económico.

Una muestra del costo que implica para las finanzas públicas es que los extractores ilegales omiten el pago de impuestos. El ilegal, que normalmente es nómada, no factura los metros cúbicos de material que vende, por lo que no paga impuesto de ventas y es muy probable que tampoco pague impuesto de renta.

Como no posee concesión, no cancela el canon anual de superficie que exige el Código de Minería en su artículo 55. Tampoco paga el impuesto de extracción a la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentra el área de extracción tal como lo ordenan los artículos 38 y 40 del Código de Minería; ni cancela lo correspondiente a las patentes que exige la municipalidad (algunas de éstas exigen a los concesionarios tener patente de ventas y de industria). En consecuencia, son varios los delitos, no solo la explotación ilegal de materiales, sino la defraudación fiscal. Aunado a lo anterior, es probable que quien sea responsable de extracción ilegal tampoco cancele lo correspondiente a cargas sociales de los trabajadores que emplea.

Al sector privado la minería ilegal, en especial la de agregados, le acarrea un grave perjuicio. El que extrae en forma ilegal no tiene los costos del trámite de una concesión minera. Según los datos suministrados, por una persona que se dedica a realizar esos trámites (a quien se le concedió anonimidad), un trámite para obtener una concesión de materiales en cauce de dominio público asciende a la suma de 27.000.000 (veintisiete millones de colones); contemplando el pago de estudios técnicos como el estudio de impacto ambiental, que es realizado por un equipo multidisciplinario, y el programa de explotación realizado por un geólogo(a) o ingeniero en minas, más los levantamientos de planos del área que necesariamente debe realizar un ingeniero topógrafo, gastos legales, pago de garantía ambiental, publicación de edictos en La Gaceta, publicación de resolución de otorgamiento en La Gaceta… Estos gastos los esquiva quien extrae irresponsablemente en forma ilegal.

 

Costos de trámite para obtener concesión de explotación en cauce de dominio público 2
GESTION REALIZADA MONTO en COLONES
Reserva de área ante la Dirección de Geología y Minas 200,396
Presentación D1 ante la SETENA 4,007,921
Presentación EsIA ante SETENA (se puede pagar en 2 tractos) 10,019,802
Plano Topográfico del área solicitada 2,003,960
Programa de Explotación (estudio de factibilidad) 5,000,000
Tramitación (incluye honorarios de abogado) 3,500,000
Gastos Legales (timbres, edictos, certificaciones, etc) 1,750,000
Garantía ambiental

(falta sumar el 1% de la inversión total)

800,000
TOTAL 27,281,059

 

Una vez otorgada la concesión de explotación, el ya titular posee una serie de obligaciones que tiene que cumplir para mantener vigente su concesión, esas obligaciones se encuentran contempladas en el artículo 34 del Código de Minería, algunas se cumplen una sola vez, como lo es obtener la aprobación de un Reglamento de Seguridad Ocupacional, el amojonamiento del área de concesión cuyo plano debe presentarse a la Dirección de Geología y Minas para su aprobación; otras deben estarse actualizando, como son los planos de los trabajos que deben estar en el sitio de concesión, tener actualizados los registros de producción, venta y almacenamiento de materiales. También debe contarse con un regente ambiental y un regente geológico, quienes deben visitar la concesión al menos una vez al mes y consignar sus recomendaciones en las respectivas bitácoras – la bitácora geológica se compra en el Colegio de Geólogos de Costa Rica y la bitácora ambiental se adquiere en cualquier librería y se lleva a legalizar a la SETENA, el concesionario debe cancelar los honorarios profesionales del geólogo regente y del regente ambiental.

Aunado a lo anterior, es obligación presentar en forma anual ante la Dirección de Geología y Minas un informe de labores que es elaborado por el geólogo regente, ese informe debe ser cancelado separado de las visitas de regencia, además para su aprobación total se requiere una inspección al área de concesión con el geólogo(a) de la DGM, el costo de traslado y alimentación corre por cuenta del concesionario. Ante la SETENA deben presentarse informes regenciales con la periodicidad que se solicite – generalmente cada seis meses- con inspección incluida.

Como se ha señalado, el concesionario y permisionario deben cancelar impuestos nacionales y municipales, tiene un tributo municipal del “treinta por ciento (30%) del monto total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre y derivados de estos. En caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de cien colones (¢100,00) por metro cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las tasas serán canceladas en favor de la tesorería de la corporación municipal, en el lugar y la forma que esta determine.

Cada municipalidad, por medio de sus inspectores, verificará y fiscalizará los volúmenes de material extraído que egresen del tajo y los que se reporten.” 3 y en el caso de las canteras también se establece el 30% y “en caso de que no se produzca venta debido a que el material extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del mismo concesionario, se pagará un monto de cuarenta colones (₡¢40,oo) por metro cúbico extraído,”4. Además de los impuestos mencionados, el concesionario debe cancelar en forma anual un canon anual de superficie tasado por área por salario base, así el artículo 55 del Código de Minería dispone: “Los titulares de los permisos de reconocimientos y exploración, así como los concesionarios de explotación, deberán pagar los siguientes derechos anuales de superficie e impuestos:

I.- Derechos de superficie

Minería Artesanal: un tercio del salario base por kilómetro cuadrado o fracción.

Resto de la actividad: canteras, cauces de dominio público, minas y placeres no artesanales:

  1. a) Permiso de reconocimiento y exploración: un salario base por kilómetro cuadrado.
  2. b) Concesión de explotación:

1) Cauces de dominio público: tres salarios base por kilómetro de longitud.

2) Canteras, placeres y minas: tres salarios base por kilómetro cuadrado.

La denominación «salario base» utilizada en esta Ley, deberá entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 15 de mayo de 1993.

Los pagos por derecho de superficie contemplados en este artículo deberán pagarse por anualidades adelantadas, en el mes de diciembre de cada año, a la cuenta respectiva de la DGM…”

Tampoco puede obviarse lo relativo al control de la actividad. El titular de una concesión de explotación está obligado a acatar las recomendaciones y directrices técnicas y ambientales que le gire la DGM y la SETENA5. Por lo general, esas directrices técnicas conllevan modificación del plan de explotación, levantamiento de planos o construcción de obras como diques, por ejemplo. Todo eso implica una erogación económica de la que se burla quien extrae en forma ilegal.

También es preciso recordar que todo concesionario debe tener vigente una garantía ambiental, la cual debe estar vigente durante el plazo de vigencia de la concesión, carga económica que no tiene el ilegal. Y hay que agregar el costo de la maquinaria, sea ésta adquirida o arrendada.

De esto se trata la competencia desleal a los concesionarios; burlar las cargas económicas enumeradas les permite a quienes operan de forma ilícita comercializar los materiales a un precio mucho menor.

SOCIAL

Desde el punto de vista social, la minería ilegal afecta directamente a la comunidad donde ésta se desarrolla. Como se ha manifestado, el minero ilegal necesita desplazarse de un sitio a otro para no ser detectado por las autoridades, por lo anterior el ilegal no es una fuente de trabajo para la comunidad donde obtiene los materiales.

Por el contrario, el concesionario, quien sí instala su operación en un determinado lugar y por varios años -según la vigencia de la concesión- con su permanencia permite a la comunidad tener acceso a empleo directo y generar empleos indirectos para otros empresarios tales como sodas, depósitos o ferreterías donde se vende el material, transportistas de material tanto del sitio de explotación como de los depósitos a sitios finales, entre otros. Se desarrolla una cadena que beneficia a la localidad.

Además, una comunidad bien organizada puede obtener beneficios sociales y generales, tales como escuelas, centros de salud, mejoramiento de caminos, etc., dentro de un plan de responsabilidad social del concesionario y bajo una buena negociación. Todo lo anterior se pierde cuando quien explota lo hace en forma ilegal.

En el caso de extracciones ilegales de agregados, sobre todo en la zona del Río Tempisque, el problema social es severo pues, como se indicó, se da la presencia de muchos indocumentados que trabajan para alguien que comercializa el material, sin saberse el salario que devengan, desconociéndose el domicilio de ellos, si están cubiertos por el Seguro Social, cuál es su jornada laboral, si trabajan en condiciones insalubres y riesgosas (el río Tempisque tiene lagartos).

No existe censo de trabajadores del Tempisque, de manera que ni la propia Dirección de Geología y Minas conoce la cantidad de personas, ni el lugar exacto donde realizan la actividad. Esta problemática es tan antigua que, el 24 de enero de 1994, se publica en La Gaceta el Decreto Ejecutivo N° 22813-MIRENEM denominado Sectorización del Río Tempisque, donde se establecen áreas, por coordenadas en distintas hojas cartográficas, “a partir del punto de unión del río Tempisque y del Río Ahogados continuando aguas abajo hasta la desembocadura en el Golfo de Nicoya, trayecto comprendido en las Hojas Cartográficas del I.G:N. Ahogados, Carrillo Norte, Belén, Tempisque, Talolinga y Abangares” 6 determinando el tipo de actividad extractiva permitida distinguiéndose ésta en tres categorías a saber: extracción manual o artesanal, extracción mecanizada, así como áreas de prohibición absoluta de extracción, en razón de la fragilidad de los ecosistemas. A la fecha, ese decreto se mantiene vigente y ha servido -por lo menos- para determinar el tipo de actividad que se desarrolla en los distintos sectores, también gracias a que los mismos vecinos y hasta los mismos extractores ilegales han interpuesto denuncias a la Dirección de Geología y Minas.

1 Impacto Ambiental en la Actividad Minera. Curso de Especialidad Minería y Medio Ambiente. FUNIBER. 2011. Pág. 209.

2 Datos obtenidos de una tramitadora con reserva de identidad. Los montos se calculan en dólares, en la tabla se calculó con el precio del dólar a 524 colones.

3 Artículo 38 Código de Minería, ley 6797

4 Artículo 40 Código de Minería, ley 6797

5 Artículo 84 del Reglamento al Código de Minería. Decreto Ejecutivo 29300-MINAE

6 Decreto Ejecutivo 22813-MIRENEM. Publicado en La Gaceta #20 del 28 de enero de 1994.

7 Artículo 84 inciso c) Ley 7554 10 octubre de 1995

8 artículo 111 ley 7554 del 10 de octubre de 1995. Ley Orgánica del Ambiente.

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